Cap. 7 Parálisis autonómica: polarización política y bloqueo institucional como obstáculos a la gobernabilidad democrática en Bolivia (2010–2024)

La Constitución Política del Estado (2009) instauró un régimen autonómico con la promesa de superar el centralismo histórico y reconocer la plurinacionalidad. No obstante, la experiencia posterior ha mostrado una persistente brecha entre las atribuciones formales y la capacidad real de decisión y financiamiento de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s).

Esta investigación, de diseño mixto, articula análisis dogmático-jurídico, revisión comparada con constituciones referenciales y trabajo empírico (entrevistas semiestructuradas a expertos y encuesta en línea a 217 sujetos) para identificar las limitaciones estructurales del régimen autonómico vigente y evaluar la viabilidad de una transición hacia el federalismo —incluido el federalismo asimétrico— como alternativa institucional. Los hallazgos señalan tres barreras centrales: (i) ausencia de un Pacto Fiscal fundacional y de un costeo competencial vinculante; (ii) centralización de materias estratégicas (seguridad, justicia, recursos naturales); y (iii) un desarrollo normativo que, en la práctica, reduce el alcance decisional de las ETA’s.

La evidencia ciudadana muestra un respaldo mayoritario a reformas profundas y una inclinación hacia el federalismo (62,7% de la muestra). El Proyecto de Constitución Federal remitido como insumo incorpora instrumentos (Pacto Fiscal vinculante, Tribunal Constitucional Federal, marco presupuestario multinivel y disposiciones transitorias) que compatibilizan la transición propuesta. Se plantea una ruta político-técnica por fases (diagnóstico y costeo; pilotos territoriales; Pacto Fiscal; proceso constituyente regulado; consolidación) y un conjunto operativo de recomendaciones para minimizar riesgos de fragmentación y garantizar sostenibilidad financiera y equidad interterritorial. El federalismo propuesto se concibe como reingeniería constitucional y fiscal, no como secesión, y demanda procedimientos transparentes y legitimadores (Asamblea Constituyente y referendo vinculante) para su implementación (Ortuste et al., 2025; Urenda, 2017; Watts, 2008).