Cap. 4 El marco constitucional del derecho administrativo español (el derecho administrativo constitucional)

El presente trabajo aborda la caracterización del Derecho Administrativo español desde la perspectiva constitucional, enfocándose en el llamado Derecho Administrativo Constitucional. El fenómeno de la "huida del Derecho Administrativo" llamó la atención sobre la pérdida de influencia de esta rama como ordenamiento matriz del aparato público, lo que obliga a reconsiderar sus dogmas a la luz del nuevo Estado social y democrático de Derecho.

El entendimiento del interés general a partir de la Constitución de 1978 resulta capital, ligándose al servicio objetivo y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona. La Administración pública debe estar a disposición de los ciudadanos, superando la visión iluminista que consagró la hegemonía de la burocracia. La reforma y repensamiento de las instituciones clásicas se justifica por la necesidad de adecuarlas a la realidad constitucional.

El artículo 103 de la Constitución Española se destaca como central, definiendo que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. El servicio objetivo al interés general es la justificación para superar los privilegios de una Administración autoritaria, concibiéndose el Derecho Administrativo Constitucional como el Derecho del poder para la libertad. Esto implica que los poderes públicos tienen una función garantizadora y aseguradora de los derechos y libertades de los ciudadanos.