Cap. 12 Privacidad de datos e inteligencia artificial en la gestión pública boliviana: retos y garantías en la transformación digital del Estado

Bolivia se encuentra desarrollando un marco legal pionero para regular de manera responsable el uso de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública. El proyecto de Ley N° 178/2024-2025 establece principios como la transparencia, la protección de la privacidad, la equidad y la supervisión humana efectiva de los sistemas de IA. Asimismo, prohíbe prácticas como el reconocimiento biométrico masivo no autorizado y la calificación social. La norma prevé la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AGETIC) como organismo regulador encargado de supervisar, sancionar y promover la innovación en coherencia con los derechos de los ciudadanos.

No obstante estos avances, persisten desafíos estructurales, entre ellos la ausencia de una ley integral de protección de datos personales, limitaciones de capacidad institucional y la necesidad de mecanismos de cumplimiento robustos. La propuesta legislativa reconoce derechos de la ciudadanía frente al uso de la IA, incluyendo la protección contra decisiones automatizadas discriminatorias, la transparencia de los procesos algorítmicos y las garantías del debido proceso.

El marco boliviano toma como referencia modelos internacionales, particularmente la Ley de IA de 2024 de la Unión Europea, que clasifica los riesgos de la IA y exige transparencia, auditabilidad y participación ciudadana en su gobernanza. La iniciativa busca equilibrar la promoción de la innovación con la tutela de los derechos humanos en el contexto de la transformación digital del Estado.

Las recomendaciones enfatizan el fortalecimiento técnico de AGETIC, la actualización normativa dinámica, la promoción de estándares éticos en IA y el impulso de procesos participativos en la formulación de políticas públicas. En conjunto, la propuesta sienta bases para una gobernanza ética y eficaz de la IA en el sector público boliviano.