Cap. 6 Elección de jueces de las altas cortes por voto popular
Sinopsis
La Constitución boliviana de 2009 instituyó la elección popular de las máximas autoridades judiciales del país con el objetivo declarado de despolitizar su designación, generar legitimidad en las mismas y lograr que éstas respondan a la ciudadanía más que al partido o partidos en función de gobierno.
Utilizando una metodología de análisis constitucional, normativo y empírico de las elecciones judiciales de 2011, 2017 y 2024, se demuestra que el sistema vigente ha perpetuado —e incluso agravado— la politización judicial, dado que la Asamblea Legislativa mantiene el control absoluto de la preselección de candidatos, limitando la auténtica participación ciudadana a un acto meramente refrendatario.
Es decir, que, analizada esa reforma, se concluye que la misma presenta contradicciones estructurales que han socavado su legitimidad y eficacia.
Además, la prohibición de campañas y la escasa difusión de méritos impiden al electorado tomar decisiones informadas, lo que ha derivado en altos niveles de votos nulos y blancos, así como en una creciente desconfianza pública. Asimismo, la elección por voto popular resulta incompatible con la función estrictamente jurídica y técnica de los magistrados.
La investigación concluye que la actual fórmula electoral no solo es disfuncional, sino que erosiona la credibilidad del sistema de justicia y debe ser sustituida con urgencia. A partir de esta crítica, se sugieren dos respuestas: una a corto plazo y otra a mediano plazo. La primera consiste en que los partidos en función de gobierno aprueben una ley mediante la cual la preselección de candidatos sea realizada por instancias no políticas y la Asamblea Legislativa ejerza su rol constitucional validando la misma; a mediano plazo, se propone una reforma constitucional orientada a un modelo mixto o híbrido que involucre a colegios profesionales, órganos judiciales y otras instancias independientes en la designación de autoridades, con altos estándares meritocráticos y éticos para la preselección de los candidatos, con miras a despolitizar el sistema y restituir la independencia judicial.
